La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC): guía práctica

La Reserva para Inversiones en Canarias permite reducir de forma muy relevante la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, y es probablemente el incentivo fiscal más citado —y más mal aplicado— del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Esto es lo que exige realmente, y dónde suelen aparecer los problemas.

Qué es la RIC

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) está regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Permite a las entidades que operan en el archipiélago reducir su base imponible por las cantidades que destinan, con cargo a los beneficios no distribuidos del ejercicio, a una reserva indisponible cuyo importe debe materializarse después en determinadas inversiones.

La lógica del incentivo es sencilla de enunciar y compleja de ejecutar: no basta con dotar la reserva contablemente. Hay que invertir de verdad, en los plazos y en los activos que marca la norma, y mantener esa inversión durante años. Es un beneficio fiscal condicionado, no un ahorro automático.

Quién puede aplicarla

Pueden acogerse a la RIC las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, así como los establecimientos permanentes de entidades no residentes sujetos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre que sus establecimientos estén situados en Canarias y su actividad genere el beneficio que se pretende reducir.

La condición material es que el beneficio provenga de actividades realizadas efectivamente en el archipiélago. Una empresa con sede social en Canarias pero cuya actividad económica real se desarrolla fuera no puede aplicar la reserva sobre esos beneficios.

Cuánto se puede dotar

La reducción tiene como límite el 90 % del beneficio no distribuido del ejercicio que sea imputable a establecimientos situados en Canarias, con el límite adicional de la base imponible positiva del período. En la práctica, esto exige una separación contable clara entre el resultado generado en el archipiélago y el que, en su caso, proceda de fuera de él.

La dotación debe formalizarse antes de que finalice el plazo de aprobación de las cuentas del ejercicio, mediante un acuerdo social que la destine expresamente a una reserva indisponible dentro del patrimonio neto.

En qué se puede materializar

El importe dotado debe invertirse en alguna de las categorías que fija el artículo 27.4 de la Ley 19/1994. Las más habituales en la práctica de un despacho son:

• Activos fijos nuevos afectos a la actividad económica, situados o recibidos en el archipiélago.
• Activos fijos usados, en determinadas condiciones, cuando supongan una mejora tecnológica para la empresa.
• Suscripción de deuda pública canaria o de determinados valores emitidos por entidades públicas, con el límite del 50 % de las dotaciones.
• Suscripción de acciones o participaciones en sociedades que, a su vez, realicen las inversiones anteriores o desarrollen determinadas actividades prioritarias en Canarias, en los términos y con los límites que exige la norma.
• La creación de puestos de trabajo directamente relacionada con las inversiones anteriores, dentro de los límites y con las condiciones de mantenimiento del empleo previstas.

No cualquier inversión sirve. Comprar un local para alquilarlo a terceros, adquirir vehículos de uso mixto sin justificar la afectación, o suscribir participaciones en sociedades que no cumplen los requisitos de actividad son los tres motivos de exclusión que con más frecuencia vemos regularizados.

El plazo de materialización

La inversión debe materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha de devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se dotó la reserva. No es un plazo indicativo: si al término del tercer año la inversión no se ha realizado, o se ha realizado en un activo que no cumple los requisitos, el importe no materializado se integra en la base imponible del ejercicio en que venció el plazo, con los intereses de demora correspondientes.

Dotar la RIC sin tener ya decidido —no solo previsto— en qué se va a materializar es la causa más habitual de que el incentivo termine costando más de lo que ahorró.

El período de mantenimiento

Una vez materializada, la inversión debe permanecer en funcionamiento en la empresa durante un plazo mínimo de cinco años, o durante su vida útil si esta fuera inferior. Transmitir el activo, dejar de afectarlo a la actividad, o cesar la actividad antes de cumplir ese plazo también obliga a regularizar, salvo en los supuestos de reinversión que la propia norma contempla.

Esto convierte la RIC en un compromiso a medio plazo, no en una decisión de cierre de ejercicio: hay que poder sostener la inversión, y su afectación a la actividad, durante varios años seguidos.

RIC, DIC y ZEC no siempre son compatibles

La RIC convive con otros incentivos del Régimen Económico y Fiscal —la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC)— pero no siempre se pueden aplicar sobre la misma inversión ni de forma acumulativa sin límites. Elegir el régimen equivocado, o aplicar dos incentivos sobre el mismo activo sin comprobar la compatibilidad exacta, es otro foco recurrente de regularización.

Qué combinación conviene depende de la estructura societaria, del volumen de beneficio, y de si la actividad puede acogerse a la ZEC. No hay una respuesta única: hay que modelizarlo caso por caso antes de decidir.

Los errores que la Agencia Tributaria Canaria más regulariza

• Dotar la reserva sin haber decidido con detalle en qué se va a materializar.
• Materializar en activos que no cumplen los requisitos de la norma, especialmente en el caso de participaciones en otras sociedades.
• No mantener la separación contable exigida entre el resultado generado en Canarias y el generado fuera.
• Dejar transcurrir el plazo de materialización sin control, confiando en que «ya se hará».
• No documentar el acuerdo social de dotación con la formalidad y dentro del plazo que exige la norma.

La RIC es un incentivo real y significativo, no un mecanismo agresivo de planificación fiscal: está pensado para empresas que efectivamente van a reinvertir en el archipiélago. El problema casi nunca es la norma, sino aplicarla sin un plan de inversión concreto detrás. Antes de dotarla, conviene tener claro el destino de la inversión con el mismo nivel de detalle con el que se prepara la propia declaración.

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Aviso: este artículo tiene finalidad divulgativa y refleja la normativa vigente en la fecha de publicación. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal para un caso concreto. Antes de tomar cualquier decisión, consulte con un profesional.