Mercantil y societario — Ley de Segunda Oportunidad

Ley de Segunda Oportunidad en toda España

Si ya no puede pagar sus deudas, un juez puede exonerarlas: no todas, ni a cualquiera, ni de forma automática. Le decimos si su caso encaja y cuánto cuesta, antes de que decida nada.

48 hPlazo de respuesta
Sin costeValoración inicial
PresupuestoCerrado antes de empezar
Imagen ilustrativa generada con IA: una pareja sonríe en la cocina junto a unos papeles ordenados. 60 cuotas de 50 € más IGIC: 53,50 € al mes, 3.210 € en total

Qué incluyen las 60 cuotas

60 cuotas mensuales de 50 € más IGIC (53,50 € al mes, 3.210 € en total), para los encargos que se firmen hasta el 31 de diciembre de 2026.

Incluye

  • Estudio de viabilidad y preparación de la documentación
  • Redacción y presentación de la solicitud ante el juzgado
  • Seguimiento hasta la resolución sobre la exoneración

No incluye

  • El procurador: es obligatorio y lo paga usted aparte. Le comunicamos su importe por escrito antes de que firme
  • La administración concursal, si el juez nombra a un administrador

Condiciones

  • Se aplican si la valoración inicial concluye que su caso es viable
  • El total es el mismo que si lo pagara de una sola vez
  • Sin intereses, comisiones ni recargos

Las cuotas son los honorarios del letrado, no el plan de pagos a sus acreedores (más abajo). Para firmar a tiempo, solicite la valoración inicial con margen.

A partir del 1 de enero de 2027 el precio es el mismo, pero ya no habrá pago en cuotas.

Ver el desglose completo

Presentamos sin esperar a que termine de pagar

Firma la hoja de encargo, nos entrega la documentación y empezamos. Las cuotas se pagan mientras el procedimiento avanza. Los plazos cuentan desde que nos entrega toda la documentación.

  1. 15 días hábilesVerificamos su documentación
  2. 15 días hábilesPresentamos la solicitud ante el juzgado
  3. 30 como máximoPlazo total hasta la presentación

Si falta algún documento, se lo indicamos dentro de ese plazo y el cómputo se reanuda cuando lo recibimos. Es un compromiso de actuación, no de resultado: la exoneración la concede el juez.

¿Puede acogerse?

Persona natural

Particulares, autónomos, empresarios y avalistas. Las sociedades no: tienen su propio concurso.

En insolvencia

No puede cumplir regularmente sus obligaciones, o prevé que en los próximos tres meses no podrá.

Sin causa de exclusión

No concurre ninguna de las circunstancias que impiden la exoneración. Las vemos más abajo.

La ley no fija un importe máximo de deuda.

Qué se cancela y qué no

Sí se exonera

  • Préstamos, tarjetas y créditos
  • Deudas con proveedores
  • Recibos y facturas impagadas
  • Los avales que usted haya prestado

Entre otras.

No se exonera

  • Indemnizaciones por muerte o daños personales
  • Responsabilidad civil derivada de un delito
  • Pensiones de alimentos
  • Los últimos 60 días de salarios, con un límite
  • Multas penales y sanciones administrativas muy graves
  • Costas y gastos de la propia exoneración
  • Deudas con garantía real, como una hipoteca, hasta el valor de la garantía
Los matices de lo que no se exonera
  • Las indemnizaciones por muerte o daños personales incluyen las de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
  • De los salarios, quedan fuera los de los últimos 60 días de trabajo anteriores al concurso, hasta el triple del salario mínimo, si no los ha asumido el Fondo de Garantía Salarial.
  • De las sanciones administrativas, las muy graves.

Hacienda y Seguridad Social

Los créditos de Derecho público se exoneran solo en parte. Desde 2026, el Tribunal Supremo aplica el límite a cada acreedor público por separado.

5.000 €los primeros se exoneran íntegros

50 %de lo que exceda

10.000 €como máximo

Cada acreedor público cuenta por separado: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social u otra administración. Solo se aplica en la primera exoneración. Los recargos y los intereses se tratan de forma distinta y, en principio, no cuentan para ese límite. La materia sigue evolucionando y cada caso se analiza.

Lo que puede impedirlo

El juez lo comprueba aunque ningún acreedor se oponga. Por eso lo revisamos antes de presentar, no después.

Una condena penal reciente

Condena firme en los diez años anteriores, a pena de prisión, por ciertos delitos económicos, de falsedad, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los trabajadores.

Sanciones o derivación de responsabilidad

Una sanción firme por infracciones muy graves, tributarias, de Seguridad Social o del orden social, o una derivación de responsabilidad firme, en los diez años anteriores. No cuenta si la ha pagado íntegramente.

Un concurso declarado culpable

Es causa de exclusión por sí solo.

Ser «persona afectada»

Haber sido declarado así en la calificación culpable del concurso de otra persona o sociedad, en los diez años anteriores.

No colaborar

No colaborar con el juez ni con la administración concursal.

Información falsa o endeudamiento temerario

Haber dado información falsa, o haberse endeudado de forma temeraria o negligente.

El detalle de la condena penal

Una condena firme, en los diez años anteriores, a pena de prisión (aunque esté suspendida) por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, cuando la pena máxima del delito sea de tres años o más. No cuenta si la responsabilidad criminal está extinguida y las responsabilidades económicas, pagadas.

Aquí pesa nuestra práctica en derecho penal y mercantil. Si tiene un procedimiento penal abierto, ha sido administrador de una sociedad que entró en concurso o ha recibido una derivación de responsabilidad, conviene estudiarlo antes de decidir nada.

Qué conviene no hacer antes de empezar

  • Vender o regalar bienes, sobre todo a familiares
  • Pedir créditos nuevos para pagar los anteriores
  • Ocultar bienes o ingresos: es causa de revocación de la exoneración
  • Dejar sin atender las notificaciones o los plazos del juzgado

Algunas decisiones, aunque parezcan razonables, pueden perjudicarle. Antes de tomarlas, consúltenos.

Dos caminos: plan de pagos o liquidación

Plan de pagos

Se propone a sus acreedores un calendario de pagos con sus ingresos futuros: tres años, o cinco si conserva la vivienda habitual o si lo que paga depende de sus ingresos. Al terminar, el juez exonera lo que quede sin pagar.

Liquidación

Se liquida el patrimonio disponible para pagar a los acreedores y se exonera el resto. Si no hay bienes, es un concurso «sin masa» y la exoneración se solicita enseguida.

Más sobre cada camino
  • En el plan de pagos, si no puede cumplirlo por un accidente, una enfermedad u otros hechos graves e imprevisibles, el juez puede conceder la exoneración igualmente.
  • En la liquidación sin masa, la solicitud de exoneración se presenta en los diez días siguientes a los trámites previos.
Ilustración de un camino dorado que se bifurca entre colinas de papel

Después de la exoneración

Ficheros de morosos

La resolución obliga a los acreedores a comunicar la exoneración a los ficheros donde habían informado del impago.

Revocación durante tres años

Un acreedor puede pedir que se revoque si se descubre que ocultó bienes o ingresos, o si su situación mejora de forma sustancial por una herencia, un legado, una donación o el juego.

Volver a pedirla

Podrá hacerlo pasados dos años desde una exoneración con plan de pagos, o cinco desde una con liquidación. El crédito público ya no se exonerará.

Vivienda, familia y embargos

Su vivienda

Si tiene hipoteca, esa deuda se mantiene hasta el valor de la garantía. Si conserva la vivienda habitual, el plan de pagos dura cinco años. Depende de cada caso: lo estudiamos antes de decirle nada.

Sus avalistas

La exoneración no les protege: el acreedor puede reclamarles a ellos. Conviene estudiar también su situación.

Su cónyuge

Si hay gananciales sin liquidar, la exoneración de las deudas gananciales no alcanza al cónyuge hasta que también obtenga la suya.

Embargos y demandas en marcha

Traiga la documentación a la valoración inicial: es lo primero que revisamos. No prometemos paralizar nada sin estudiar su caso.

Cómo trabajamos

Trabajamos a distancia con clientes de toda España.

01

Valoración inicial sin coste

Nos cuenta su situación y le decimos si el caso es viable y cuánto costaría. Respondemos en 48 horas.

02

Hoja de encargo y documentación

Firma la hoja de encargo y le damos la lista de documentos. Los verificamos en 15 días hábiles desde que nos los entrega.

03

Presentación y seguimiento

Presentamos la solicitud ante el juzgado de su domicilio, con procurador, y le informamos por escrito. Seguimos hasta la resolución.

Quién lleva su asunto

Samuel Hernández, Director Legal
Samuel HernándezDirector Legal

Su interlocutor desde la valoración inicial hasta la resolución del juez.

Presupuesto cerrado antes de empezar a trabajar.

Respuesta en 48 horas.

Abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALPA). Ejerce sujeto al Código Deontológico de la Abogacía Española y al secreto profesional.

Memory Pulse, S.L., titular de Cautio Legal, se encarga de la gestión comercial y del cobro de los honorarios del letrado.

Cuánto cuesta, con todo

Honorarios del letrado

60 × 53,50 €

3.210 € con IGIC. Memory Pulse, S.L. gestiona el cobro por cuenta del letrado.

Procurador (obligatorio)

Aparte

Lo paga usted, aparte de los honorarios. Le comunicamos su importe por escrito antes de que firme.

Administración concursal

Eventual

Solo si el juez la nombra. La fija el juez y no está incluida.

Tasas judiciales

0 €

Las personas físicas están exentas.

Impuestos. El IGIC (7 %) se aplica a los clientes particulares de toda España, porque el despacho está en Canarias. A quien contrate como empresario o profesional desde la península no se le repercute IGIC: el IVA lo liquida él.

Si contrata a distancia, la ley le reconoce un plazo de desistimiento de 14 días naturales, en los términos que detalla la hoja de encargo.

Los honorarios se presupuestan por escrito antes de empezar. Sin intereses, comisiones ni recargos por el pago en cuotas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad y qué puedo conseguir con ella?

Es el mecanismo de la Ley Concursal por el que una persona natural insolvente y de buena fe puede pedir al juez la exoneración de las deudas que no puede pagar. No es automática ni alcanza a todas las deudas: hay deudas que no se exoneran y circunstancias que impiden pedirla. Se tramita ante el juzgado, con procurador y abogado.

¿Quién puede acogerse?

Cualquier persona natural, sea o no empresaria: particulares, autónomos, empresarios y avalistas. Las sociedades no, porque tienen su propio concurso. Hay que estar en insolvencia, actual o inminente, y no encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden la exoneración.

¿Hay un límite de deuda?

No. La Ley Concursal no fija un importe máximo de deuda para pedir la exoneración. Lo que exige es la insolvencia y la buena fe.

¿Qué deudas no se cancelan?

Las indemnizaciones por muerte o daños personales, la responsabilidad civil derivada de un delito, los alimentos, los últimos 60 días de salarios hasta el triple del salario mínimo, las multas penales y las sanciones administrativas muy graves, las costas de la propia exoneración y las deudas con garantía real hasta el valor de la garantía. Los créditos de Derecho público se exoneran solo en parte.

¿Se cancelan las deudas con Hacienda y la Seguridad Social?

En parte. Desde 2026, el Tribunal Supremo aplica el límite a cada acreedor público por separado: los primeros 5.000 € se exoneran íntegramente y la mitad del resto, hasta un máximo de 10.000 €. Los recargos y los intereses se tratan de forma distinta. Solo se aplica en la primera exoneración, y las sanciones muy graves quedan fuera. La materia evoluciona y cada caso se analiza.

¿Qué pasa con mis avalistas?

La exoneración no les beneficia: el acreedor puede reclamarles a ellos. Si pagan, su derecho a reclamarle a usted sí queda afectado por la exoneración. Conviene estudiar también su situación.

¿Perderé mi vivienda?

Depende. Si tiene hipoteca, la deuda con garantía real se mantiene hasta el valor de la garantía, y si conserva la vivienda habitual el plan de pagos dura cinco años. No podemos darle una respuesta general: la damos en la valoración inicial, con su caso delante.

¿Qué puede impedirme acogerme?

Una condena penal firme reciente por determinados delitos, ciertas sanciones administrativas o una derivación de responsabilidad, un concurso culpable, haber sido declarado «persona afectada» en el concurso culpable de otro, no colaborar con el juez, o haber dado información falsa o haberse endeudado de forma temeraria. Las explicamos más arriba.

¿Qué diferencia hay entre plan de pagos y liquidación?

En el plan de pagos se propone a los acreedores un calendario de pagos con sus ingresos futuros durante tres o cinco años, y al final se exonera lo que quede. En la liquidación se vende el patrimonio disponible para pagar a los acreedores y se exonera el resto.

¿Cuánto dura el procedimiento?

No prometemos un plazo, porque depende del juzgado y de si algún acreedor se opone. Si se opta por un plan de pagos, este dura tres años, o cinco si conserva la vivienda habitual o si lo que paga depende de sus ingresos, contados desde que el juez lo aprueba.

¿Puedo volver a pedirla?

Sí, pasados dos años desde una exoneración con plan de pagos, o cinco desde una con liquidación. En esa nueva exoneración el crédito público ya no se exonera.

¿Puedo hacerlo sin abogado?

No. La solicitud se presenta por procurador, con la firma de un abogado.

¿Qué juzgado es competente?

El del lugar donde tiene el centro de sus intereses principales, que para quien no es empresario suele coincidir con su domicilio: el de su provincia, no el de Las Palmas. Los concursos de persona natural los conoce una Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia.

¿Cuánto cuesta y qué incluye?

Para los encargos firmados hasta el 31 de diciembre de 2026, 60 cuotas mensuales de 50 € más IGIC (53,50 € al mes, 3.210 € en total). El total es el mismo que si lo pagara de una sola vez. No incluyen el procurador, que es obligatorio y lo paga usted aparte, ni la administración concursal, si el juez la nombra. Lo detallamos aquí.

A partir del 1 de enero de 2027 el precio es el mismo, pero ya no habrá pago en cuotas.

¿Cuándo presentan la solicitud?

En cuanto firma la hoja de encargo y nos remite la documentación: la verificamos en 15 días hábiles y, verificada, presentamos la solicitud en un máximo de 15 días hábiles más (30 como máximo desde que nos entrega toda la documentación). No esperamos a que termine de pagar los honorarios. Es un compromiso de actuación, no de resultado.

¿Pueden llevar mi caso si vivo fuera de Canarias?

Sí. Un abogado colegiado puede ejercer en todo el territorio español con una sola colegiación, y el procurador interviene ante el juzgado de su domicilio.

Texto actualizado el 12 de noviembre de 2026. La Ley de Segunda Oportunidad cambia con frecuencia: este texto refleja la situación a la fecha indicada.

Fuentes: texto refundido de la Ley Concursal (arts. 2, 6, 45 y 486 a 502) y Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 87), en el BOE. Doctrina del Tribunal Supremo de 2026 sobre el crédito público.

¿Quiere saber si su caso puede acogerse?

Cuéntenos su situación. Le decimos con claridad si es viable y cuánto costaría, sin compromiso.

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